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La reforma militar en Japón y por qué 70 años sí importan

El pasado 18 de septiembre, el Parlamento japonés, tras meses de debate y con una amplia oposición de la opinión pública, aprobó la reforma que le permitirá a las Fuerzas de Autodefensa Japonesas (FAJ) hacer uso de las armas fuera del territorio japonés. Con este hecho –y a sólo un mes después de la conmemoración de los 70 años del fin de la guerra– el primer ministro Shinzo Abe logró avanzar en uno de los objetivos de su programa pero, de paso, perder popularidad con una de las medidas más controversiales de la historia japonesa de las últimas décadas.

 

A fines del año pasado, tras la búsqueda infructuosa de apoyo en el parlamento para ejecutar sus reformas económicas (o Abenomics) y de defensa, Shinzo Abe convocó a elecciones a un año y medio antes de terminar su mandato, con el objeto de asegurar su continuidad en el poder y, de esta forma, obtener el respaldo en ambas cámaras para aprobar sus iniciativas.

 

Sin embargo, las expectativas de Shinzo Abe eran claras: si conseguía la reelección, no sólo buscaría mejorar la situación económica, sino que también ampliar el campo de acción de las FAJ, justificado en el contexto regional que se ha venido configurando durante los últimos años. La mayoría que consiguió la Coalición de gobierno en las urnas (conformada por el Partido Liberal Demócrata junto al Nuevo Komeito), le permitió reunir finalmente el apoyo que necesitaba.

 

El argumento del oficialismo para justificar esta iniciativa está en la creciente amenaza en la que se ha transformado Corea del Norte, por ejemplo, para la seguridad regional. Pero la disputa de las islas Senkaku/Diaoyu entre Japón y China, y los conflictos que tiene este último país con otras naciones de la región por el mar del Sur de China exigen, a los ojos del gobierno de Japón, que la nación esté preparada militarmente para no sólo defenderse a sí misma ante un posible ataque, sino que para apoyar a sus aliados en Asia y el mundo, entre los que se encuentra Estados Unidos. Con esto, Japón podría darle al fin un curso más práctico al tratado de defensa que tiene con Estados Unidos, que ratificó con mucho ahínco Shinzo Abe en la última visita a este país en abril de este año.

 

 

 

Recordemos que, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos impuso algunas medidas a Japón, como el Artículo 9 de la Constitución, donde Japón renunciaba para siempre a la guerra. En 1954, se permitió que Japón creara un Cuerpo de Autodefensa, con el que los japoneses podían hacer uso de las armas únicamente si su país es atacado. La reforma, en cambio, implica que las FAJ podrán actuar fuera del territorio. En este sentido, lo que pretende el gobierno no es cambiar la Constitución, sino que reinterpretar la idea misma de ‘autodefensa’, ya no entendida como exclusiva para Japón y su territorio, sino que con un alcance mayor: que le permita a las FAJ, entre otras cosas, apoyar a terceros en el exterior si se ve vulnerada o alterada la sobrevivencia de Japón o sus aliados. Esto, lo definen como ‘autodefensa colectiva’.

 

¿Pero quién determina qué vulnera o no la sobrevivencia? Si una situación califica o no como perjudicial para la seguridad y bienestar de Japón sería materia de decisión del gobierno. Es esta ambigüedad la que explica en parte el poco apoyo de esta medida, debido a que el pueblo japonés no ve la relevancia de esta reforma y el porqué es necesario para el oficialismo tener más poderío militar al exterior.

 

Las protestas en contra de esta reforma vienen, principalmente, de ciudadanos japoneses que no entienden la urgencia de la clase gobernante de cambiar lo que para muchos ha sido el fundamento en la construcción de Japón durante los últimos 70 años: el fin de la guerra. Principalmente porque permanece en la memoria de que fueron ellos los más afectados, el pueblo japonés y las millones de víctimas del Ejército imperial en Asia, los que más sufrieron con los embates de la guerra.

 

Con esta medida, queda la sensación de un olvido o, lo que es peor, desdén profundo por la historia. Y bajo esta premisa, es que los gobiernos de Corea del Sur y China han planteado duramente sus posiciones frente a esta reforma y el impacto que pueda tener en la estabilidad de la región.

 

Por estas razones es que el Primer Ministro, aun ya aprobada la reforma, no ha podido conseguir el apoyo público. La oposición, encabezada por el Partido Democrático de Japón, continúa con las intenciones de apelar esta iniciativa, que todavía necesita la ratificación de la Corte Suprema. 

 

Queda por evaluar, entonces, cuál será el peso real que tendrá esta reforma y sus consecuencias en las relaciones de Japón con sus vecinos y con Estados Unidos. ¿Estamos realmente entrando a una nueva fase en las relaciones internacionales del noreste de Asia, más activa militarmente, o simplemente seremos testigos de cómo la seguridad se supedita finalmente a la importancia de los lazos económicos y la estabilidad del comercio en Asia?

 

Definitivamente, lo más interesante en este debate es lo contingente que es la historia del siglo XX en el Japón del siglo XXI. Aquella nueva identidad que adquirió Japón tras el fin de la segunda guerra mundial, acompañada de la promesa de no volver a ocupar la fuerza militar tenía una razón de ser, alimentada por la memoria. Fue esto lo que mantuvo las protestas en Japón, y que sacó a los japoneses a las calles hasta la semana pasada: el de los recuerdos de un Japón que no debe resucitarse, aun cuando se esté lejos de ellos; aquello que pasó hace más de 70 años no puede repetirse.

 

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